El Parlamento Vasco ha manifestado este jueves su “oposición” a empresas como Glovo, Deliveroo y UberEats por “precarizar a los trabajadores a través de fórmulas fraudulentas” destinadas a “evitar las obligaciones empresariales en el ámbito laboral”, por lo que ha reclamado a la Inspección de Trabajo de los gobiernos de Madrid y Vitoria que refuercen sus controles para sancionar la contratación de empleados como “falsos autónomos”.

La exigencia de perseguir de “forma específica” a estas y otras empresas basadas en las plataformas digitales ha unido en la Cámara vasca a PNV, PSE, EH Bildu y Podemos, que han consensuando una proposición no de ley para actuar contra su política laboral de la que se ha desmarcado el PP, que se ha abstenido en la votación.

La iniciativa, impulsada en origen por EH Bildu, pone el radar en las empresas distribuidoras del sector ‘delivery’, tal y como se recoge en el título de la misma, pero el documento consensuado por las cuatro fuerzas alude de forma expresa a Glovo, Deliveroo y UberEats por “desdibujar el concepto tradicional de centro de trabajo” amparándose en infraestructuras virtuales, “recurriendo a trabajadores a los que exigen encuadrarse en el régimen general de trabajadores autónomos cuando en realidad su relación jurídica reúne las características propias de una relación laboral por cuenta ajena”. Se trata, según denuncia, de “formas fraudulentas” de trabajo que “precarizan” a los empleados.

M. A. Méndez

Uber desembarca en Madrid con UberEats, su servicio de envío de comida a domicilio para competir con los dos grandes: Just Eat y Deliveroo. Lo mejor: la ‘app’. Lo peor: aún tiene pocos restaurantes

Precisamente, la alusión expresa a estas tres empresas, con “nombre y apellidos”, y las acusaciones de fraude laboral que se les achaca han motivado el no apoyo a la iniciativa del PP, que ha reprochado a los demás partidos y al Gobierno vasco, gobernado en coalición por PNV y PSE, que no denuncien esta situación asumida ante los tribunales. “Señora consejera [de Trabajo], no sé qué hace usted ahí sentada cuando tendría que estar yendo corriendo a la Fiscalía a denunciar a estas tres empresas que ustedes dicen que hacen esto. Porque es que esto es un delito. No es que se infrinjan los derechos laborales, es que en la legislación española laboral también hay delitos laborales (…) Y si una empresa hace esto, y ustedes dicen que tres empresas hacen esto, no sé qué hace usted sentada ahí y el lehendakari en vez de ir corriendo a la Fiscalía a denunciar que en el País Vasco hay tres empresas que están haciendo esto. ¡No me lo explico!”, ha aseverado el parlamentario popular Antón Damborenea.

La proposición no de ley emplaza a la Inspección de Trabajo de los gobiernos español y vasco a que refuercen el “control en materia de altas, bajas o fraudes en la Seguridad Social” con el fin de “perseguir y sancionar la contratación de trabajadores autónomos como falsos autónomos por parte de estas empresas basadas en las llamadas plataformas digitales”. Igualmente, de forma específica, se reclama al Departamento de Trabajo y Justicia del Ejecutivo de Vitoria que “realice un seguimiento específico a las situaciones de falsos autónomos” y actualice los acuerdos de colaboración existentes con las tres haciendas forales para “aumentar su eficacia y dar respuesta a las nuevas realidades generadas en el ámbito de las relaciones laborales generadas por la digitalización y/o uberización de la economía”.

El Parlamento pide al Gobierno vasco una campaña informativa destinada a los jóvenes para alertar de “los aspectos negativos del sector ‘delivery”

Los llamamientos del Parlamento Vasco a actuar contra estas plataformas digitales no solo alcanzan el ámbito de la inspección, ya que también se interpela al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para que ponga en marcha una campaña destinada a los jóvenes para informar sobre “los aspectos negativos que se esconden tras este tipo de empresas de reparto del sector ‘delivery’ al amparo de la variable de consumo responsable y ético”. Según se argumenta, para “alcanzar la cohesión social y un desarrollo humano equilibrado, es imprescindible impulsar hábitos de consumo responsable y sostenible”.

En la importancia de este emplazamiento ha incidido el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, que ha puesto en valor que se haya llegado a un consenso mayoritario en la Cámara en torno a la necesidad de alertar a la juventud, que es la que más recurre a los servicios que ofrecen este tipo de empresas, sobre las “repercusiones negativas en los hábitos de consumo creadas y promovidas por la economía ‘uberizada’. “Es cierto que el eje principal y central de la iniciativa se centra en aumentar las labores de inspección, y que además, probablemente, esto sea lo más efectivo, pero este punto de la concienciación y de esa campaña específica dirigida a las personas jóvenes para advertirles de todas las consecuencias nocivas que traen este tipo de empresas entre nosotros, y en lo que respecta a la cuestión social, es también un punto importante y a subrayar”, ha resaltado. El dirigente ‘abertzale’ ha recurrido a un juego de palabras para afirmar que “ya es hora de tomar medidas para pinchar el globo antes de que sea tarde”.

El documento consensuado por las cuatro fuerzas, de siete puntos, también reclama al Consejo vasco de Relaciones Laborales que realice diferentes estudios que “analicen y definan el alcance de este modelo en el País Vasco, identificando las empresas, sectores y número” de trabajadores afectados, incluyendo quienes mantienen formalmente la figura de autónomo. Igualmente, pide a las administraciones a que, dentro de sus competencias, adopten “las medidas pertinentes para garantizar los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelgas y otros derechos esenciales que deben tener quienes trabajen en este tipo de empresas”.

Durante el debate, el parlamentario de Podemos Jon Hernández ha arremetido contra el “modelo empresarial deleznable, brutalmente explotador, perverso y fraudulento” de las citadas empresas, el cual “no debería tener cabida en ninguna sociedad del mundo”. Por ello, ha subrayado que las instituciones vascas “deben esforzarse en erradicar” del País Vasco el régimen laboral que aplican estas compañías, que “utilizan las nuevas tecnologías para la explotación salvaje de trabajadores”. “Ni siquiera deberíamos hablar de falsos autónomos, porque no se trata sólo de que trabajen para una sola empresa, la relación es puramente la de empresa-trabajador en las características de dirección, organización del trabajo, jornadas, régimen sancionador, obligaciones…, disfrazado, eso sí, a través de eufemismos”, ha censurado.

La parlamentaria socialista Gloria Sánchez ha puesto el foco en la “fundamental” sentencia en esta material del pasado 19 de septiembre de la sección cuarta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declara “improcedente” el despido de un ‘rider’ de Glovo y “declara la obligación de readmisión y su consideración como trabajador por cuenta ajena, debiendo de contar con un contrato ordinario”. Además, ha destacado que “se han extendido por parte de la Inspección de Trabajo a nivel nacional actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social por valor de 12 millones de euros” por parte de estas empresas.

Por su parte, Jon Aiartza (PNV) ha defendido que es “necesario ordenar el desordenamiento jurídico del Estado en esta materia” mediante la modificación de la normativa laboral de los trabajadores por cuenta ajena y la creación de una normativa de trabajadores autónomos coherentes. A este respecto, ha incidido en que esta precarización laboral “afecta a muchos más sectores”.



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