Tras negarlo, José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha reconocido ya que se reunió con la número dos de Nicolás Maduro, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, a bordo de un avión en el aeropuerto de Madrid en la madrugada del pasado domingo al lunes. Rodríguez tiene prohibido viajar a la Unión Europea como parte del régimen de sanciones de la Unión Europea contra la cúpula del régimen chavista.

La Comisión Europea ha recordado este viernes que todos los Estados miembros tienen que cumplir con el régimen de sanciones, y que estas no son opcionales. “No hay opción, tienen que hacerlo”, ha asegurado una portavoz. Sin embargo, Bruselas ha señalado que depende de las autoridades nacionales analizar si Ábalos ha violado el régimen al reunirse con Rodríguez. “La evaluación de la violación de las sanciones es responsabilidad de las autoridades de cada Estado miembro, está claramente indicado”, ha explicado una portavoz de la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario ha recordado que éstas son aprobadas a nivel del Consejo por todos los Estados miembros por unanimidad, dando a entender que ningún país tendría por qué incumplirlas. “No hay razones por las que un Estado miembro no cumpliría unas sanciones que ha aprobado”, ha asegurado una fuente comunitaria, que ha explicado que la política de sanciones es “muy específica” y compleja.

Bruselas confía en que el ministerio de Asuntos Exteriores realice las comprobaciones necesarias sobre el caso de Ábalos para comprobar si hubo o no ruptura del régimen, y las fuentes comunitarias han mostrado confianza en que se cumplirá con todos los procedimientos necesarios, sin entrar a valorar si creen que hay o no una violación. En caso de existir una ruptura del régimen, el ministerio de Exteriores debería informar al Consejo sobre el caso.

El Ejecutivo comunitario ha evitado entrar en el fondo de la cuestión, que consideran, además, enormemente compleja: Rodríguez no se bajó del avión, y eso requiere un análisis detallado sobre si representa un viaje o no a la Unión Europea, y por lo tanto de si se rompe o no el régimen de sanciones.

Ahora los funcionarios de la Comisión van a comprobar si una escala en un aeropuerto europeo, ya que Rodríguez iba en dirección a Turquía, representa una violación. Pero no existen ni canales ni manera de que el Ejecutivo comunitario pueda preguntar al ministerio de Exteriores si está o no investigando la reunión de Ábalos.

Bruselas no quiere entrar a valorar nada, y prefiere lanzar el balón al techo de las autoridades españolas, en las que, asegura, confía. A diferencia de en otro tipo de normas y regulaciones, como la de competencia, en este caso, referido a política exterior, no hay posibilidad de abrir un procedimiento de infracción por parte del Ejecutivo comunitario. Todo se sustenta, básicamente, en confianza mutua.

Los portavoces han utilizado un ejemplo concreto: si una empresa a violado un régimen de sanciones corresponde a la autoridad competente, el ministerio de Exteriores, comprobar si eso ha ocurrido. El problema, y es cuando se quedan bloqueados, es que en este caso es el Gobierno el que tiene que comprobar si un miembro del propio Gobierno ha incumplido el régimen de sanciones.

Peticiones a Borrell

Esteban González Pons, eurodiputado del PP, ha enviado una pregunta escrita a Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Exteriores y Política de Seguridad: “¿Podría indicar el Alto Representante si esta instancia supone un incumplimiento flagrante de la citada Decisión por parte del Gobierno de España? Y en caso de ser así, ¿podría indicar que medidas tiene previsto tomar para garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse?”

También Dolors Montserrat, líder del PP en la Eurocámara, ha pedido a Borrell que intervenga. Pero el Servicio de Acción Exterior (SEAE) que lidera el catalán no entrará por ahora en el asunto, por mucho que técnicos y portavoces se sientan algo confusos con la situación.

Ni siquiera entra en el esquema mental de los técnicos y funcionarios que un Estado miembro que ha aprobado unas sanciones pueda llegar a no cumplirlas, y lo admiten abiertamente, por eso confían en que si ha habido una violación será investigada por Exteriores.

Aunque han intentado pasar por alto las preguntas, sin tener respuestas demasiado firmes, lo cierto es que esta situación es peligrosa para la Unión Europea. Su política exterior se limita al llamado ‘soft power’, no el músculo militar, sino las sanciones, el aislamiento internacional. Que un propio Gobierno pueda, aunque sea estéticamente, poner en riesgo la credibilidad de ese sistema, que está ya de hecho en crisis, preocupa y mucho.



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