Las cosas en Bélgica siempre van lentas, especialmente cuando un asunto debe pasar por los tribunales. Por eso a nadie le ha cogido por sorpresa que este lunes el juez belga que tenía que decidir sobre la ejecución de la orden europea de arresto y entrega (euroorden) contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como contra los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, haya tomado la decisión de aplazar la resolución por segunda vez.

El juez belga ha decidido retrasar de nuevo la vista sobre la euroorden a la espera de que la justicia europea resuelva sobre la inmunidad de los afectados y ha decidido celebrarla el 3 de febrero del próximo año. El proceso en los tribunales europeos de Luxemburgo es tremendamente complejo, con muchos casos cruzados y con consecuencias distintas para los diferentes líderes independentistas.

La primera cita llega este jueves, cuando Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este próximo jueves decidirá en Luxemburgo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado: no recogió el acta, pero el independentista defiende que es miembro del Parlamento Europeo por haber sido escogido por los votantes, y no por completar un procedimiento. Siguiendo esa línea argumental, Junqueras cuenta con la inmunidad que le otorga el ser eurodiputado.

Este es el razonamiento que hay detrás de la opinión del abogado general de la Unión Europea, una especie de asesor que, antes de la decisión final del TJUE, emite una opinión no vinculante sobre el asunto, una recomendación que los jueces del alto tribunal suelen seguir a pies juntillas. Pero el abogado general fue incluso más allá de la pregunta prejudicial planteada por el Tribunal Supremo al TJUE, y es probable que los jueces emitan el próximo jueves una opinión mucho menos extensiva y más sobria, una interpretación ajustada al caso de Junqueras y no extendida al resto de los casos.

La próxima vista de Puigdemont será el 3 de febrero de 2020

Por lo tanto es imposible saber si la decisión final del TJUE sobre Junqueras será efectivamente aplicable a Puigdemont y Comín, quienes también obtuvieron un escaño en las elecciones europeas de mayo de 2019. Porque los casos son distintos: a Junqueras fue el Tribunal Supremo quien le prohibió acudir a por el acta, mientras ellos dos decidieron no ir a por ella porque serían detenidos nada más pisar España. Y, al fin y al cabo, la decisión del jueves se refiere a Junqueras, y no a los otros dos líderes independentistas. Es, además, una decisión prejudicial: es decir, no es ejecutiva, sino que es una interpretación para que un órgano ejecutivo (en este caso, el Tribunal Supremo) ejecute dicha lectura del derecho de la Unión.

La defensa ha pedido no el aplazamiento de la vista, sino la suspensión de la euroorden hasta que se resuelva el fondo de la cuestión de la inmunidad. Fuentes de la defensa apuntan a que no lo fían todo a la decisión del TJUE sobre Junqueras: tienen toda una amalgama de vías abiertas, la principal siendo la causa de Puigdemont contra el Parlamento Europeo en el Tribunal General de la Unión Europea (TUE, un órgano inferior al TJUE) contra la Eurocámara. Además, el expresidente presentó un recurso ante el TJUE a la decisión del TUE de denegar el acceso preventivo de Puigdemont a su escaño.

La sensación extendida es que el TJUE puede no entrar a valorar la situación de Puigdemont y Comín, y en ese caso tocará esperar hasta que el TUE decida sobre el caso general o hasta que el TJUE resuelva sobre la apelación. Eso significa que no se sabe exactamente con qué tiempos se trabaja ahora para la decisión de la euroorden: el calendario a partir de ahora no está del todo claro, y el juez belga tendrá que convocar una nueva vista cuando la cuestión de la inmunidad haya quedado resuelta.

Si la decisión de este jueves del TJUE sorprende y se refiere también a los casos de Puigdemont y Comín, entonces los procesos se acelerarían. Eso sí, los otros procedimientos de la defensa del expresidente de la Generalitat en los tribunales de Luxemburgo están bien avanzados, lo que significa que una decisión de la justicia europea que se refiera directamente a su caso no tendría por qué retrasarse demasiado.

Primera vista y aplazamiento

En su primera vista, celebrada el pasado 29 de octubre, la defensa de Puigdemont alegó que no había tenido tiempo suficiente como para preparar el caso, y el expresident defendió que contaba con la inmunidad que le otorgaba haber sido elegido eurodiputado, lo que hizo que el juez belga aplazara la decisión hasta este lunes, 16 de diciembre. Unas semanas después, la vista contra Comín y Puig acabó con la decisión de unificar el proceso junto al del antiguo presidente de la Generalitat.

La principal línea de la defensa en este momento es la inmunidad de Puigdemont y Comín, aunque el juez belga consultó al Parlamento Europeo sobre el estatus como eurodiputados de los dos afectados y la Eurocámara contestó con su postura oficial: no fueron notificados a la institución como tales tras las elecciones europeas, por lo que no los consideran miembros de la cámara y no tienen inmunidad.

Pero con el TJUE a punto de decidir sobre Junqueras y otros casos separados de Puigdemot ante la justicia europea, lo previsible era que el juez belga decidiera esperar a que este asunto se termine de resolver.

Una vez se haya despejado la duda sobre la inmunidad o no de Puigdemont y Comín, el proceso de la euroorden es relativamente complejo: el juez belga compara los delitos por los que se busca a los afectados en el Estado miembro que emite la orden, en este caso España, y los compara con el ordenamiento jurídico de Bélgica, buscando si existe un equivalente en su código penal.

El juez belga tomará por tanto el expediente de Puigdemont, cuya orden está emitida por los delitos de sedición y malversación, y buscará equivalentes en las normas belgas. Hará lo mismo con Comín y Puig, cuyas órdenes de detención incluyen los delitos de sedición y malversación contra el primero, y solo de malversación contra el segundo.

El magistrado que lidera este proceso, un juez flamenco, fue el mismo que cursó las euroordenes contra los políticos catalanes en 2017. Entonces incluían el delito de rebelión y no había una sentencia como la emitida ya contra los líderes del ‘procés’. La Fiscalía belga apoya la petición emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y pide su entrega a las autoridades españolas.



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